Editorial El Nacional 08/02/2009

Editorial El Nacional.

La campaña del Sí.

Con dinero público.

La utilización de recursos públicos en las campañas políticas ha sido una de las características más resaltantes de la llamada revolución bolivariana. No se exagera si se afirma que la revolución privatizó al Estado, se apoderó de sus riquezas y doblegó las instituciones y, como corolario de estas prácticas viciosas, armó una maquinaria electoral cuyas seccionales están en los ministerios, corporaciones, y en el propio Palacio de Miraflores. El gran jefe de este proceso de privatización y usufructo de las riquezas públicas no es otro que el jefe del Estado.

El Presidente de la República es el responsable de la hacienda pública, y es él el primero que viola la Constitución y las leyes. Armó un aparato gigantesco con el propósito exclusivo de mantener al país "en estado electoral". Presume de gran popularidad, pero habría que preguntarle al "hombre que calculaba" cuánto le cuesta a los venezolanos la "popularidad" de Hugo Chávez.

El primer mandatario se dedicó a perseguir a los medios privados, mientras él, con los dineros públicos, armaba la más grande red de comunicaciones masivas, radios (alrededor de 300), periódicos subsidiados, cinco canales de televisión sólo en la capital de la República que dedican las 24 horas al día a la exaltación del "Gran líder". Es una cadena pagada con los dineros de los venezolanos.

El suplemento Siete Días ha llevado a cabo una investigación que presenta aspectos irrebatibles de esa privatización del Estado. Ministros en campaña, con la parafernalia oficial atrás, repartiendo lo ajeno. La Constitución les prohíbe a los ministros hacer política partidista y disponer de los recursos públicos.

Pero la Constitución es letra muerta para la revolución. La periodista Adriana Rivera nos lleva a algunas partes de la ciudad donde los ministros, con dineros del Estado, hacen campaña por el Sí. El jefe del Estado moviliza centenares de guardianes civiles y militares, complica a la Fuerza Armada en su campaña, y, claro, se siente tan dueño del país que se da el lujo de amenazarnos con que estará en el poder hasta el año 2049.

Son muchas las leyes violadas por el oficialismo. Por ahora, limitémonos a la Ley contra la Corrupción. El artículo 7 de esta normativa dice: "Los funcionarios y empleados públicos deben administrar y custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, se haga de la manera prevista en la Constitución (...) y las leyes, y se alcancen las finalidades establecidas en las mismas con la mayor economía, eficacia y eficiencia".

Y el artículo 13, agrega: "Los funcionarios y empleados públicos están al servicio el Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos (...)". Pero en la revolución bolivariana no hay ley, ni quien la haga cumplir.

Tomado de Noticiero Digital


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