La tragedia de nuestra educación pública está en su diseño institucional, es decir, en las normas que determinan su estructura y procesos, y que establecen los derechos, poderes, responsabilidades y deberes de quienes intervienen en el proceso educativo, así como en las reglas de juego que enmarcan sus relaciones. La nueva Ley Orgánica de Educación agravará esa tragedia, en virtud de la manera improvisada e inconsulta como fue aprobada, y cuya única finalidad es ideologizar y no educar. Lo que ahora es tragedia mañana será desgracia.Los alumnos de las escuelas y liceos oficiales reciben una educación de mala calidad en razón de los espacios físicos inadecuados, la falta de dotación, el recorte de las horas de clase, la gran cantidad de docentes que no cumplen con las calificaciones mínimas para ejercer la docencia y un cuerpo docente desmoralizado por la impunidad que reina en el sistema y que en muchos casos no asume la responsabilidad del fracaso de los alumnos. Por eso hay unas altas tasas de repitencia y deserción en la educación básica y la falta de acceso de los jóvenes de menores recursos a las universidades públicas. La insuficiencia de cupos y las, aún persistentes, exigencias económicas hechas a los padres para inscribir y mantener a sus hijos en las escuelas demuestran fehacientemente la inequidad económica y social que hay en Venezuela.
La causa más visible de los problemas del sistema educativo oficial es la insuficiencia de recursos para pagarle a los docentes y dotar y mantener a las escuelas y liceos. También cuenta la ineficacia de la burocracia estatal que administra el sistema escolar, que falla en proveerle oportunamente a las escuelas los recursos docentes y didácticos que requieren: carencia de maestros suplentes; la figura de "la materia vista", etcétera.
La anarquía del sistema educativo oficial se manifiesta, entre otras maneras, en la incapacidad de los directores para poner un mínimo de orden en sus instituciones; el ausentismo e incumplimiento laboral de los docentes; el número excesivo de permisos remunerados; el alquiler de los cargos; la incapacidad de los directores para disponer de los profesores en actividades que beneficien a los alumnos; la suciedad de las escuelas pese a la presencia de obreros y, en general, la impunidad de quienes usufructúan indebidamente sus cargos públicos.
La nueva ley educativa no ayuda a superar la anarquía reinante, más aún la entroniza, pues no les otorga a los directores y a las comunidades educativas el poder necesario para exigirle un mejor desempeño a obreros y docentes. Aunado a ello están algunas perversiones sindicales, que en su afán por mejorar las condiciones de sus afiliados han logrado "conquistas" que en algunos casos son absurdas y perjudiciales para los estudiantes; también cuenta un distorsionado igualitarismo docente, que se manifiesta en el desconocimiento y desacato de los profesores a la autoridad de su director por considerarlo igual y no un superior.
El desgobierno actual genera una sustancial pérdida de recursos que merma la dotación escolar y el ingreso de los docentes activos, induce a las huelgas, y hace poco atractiva la profesión docente. Es aún más dramático el hecho de que el desgobierno actual y el desvío de recursos que él ampara, desmoraliza y desmotiva a los docentes por que les hace sentir que, mientras su esfuerzo no es reconocido o premiado, una cantidad importante de personas usufructúa indebidamente de su cargo.
La nueva Ley Orgánica de Educación no asegura, de ninguna manera, una educación de calidad: agravará la tragedia denunciada. Lo que hoy es tragedia, mañana será desgracia de una… Estamos ante, ¡una tragedia educativa en un acto!
Tomado del diario El Universal
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