“Los Obispos miembros de la Comisión de Justicia y Paz Nacional de la Conferencia Episcopal Venezolana, ante las diferentes denuncias recibidas con ocasión de las detenciones ocurridas en los últimos acontecimientos expresamos los siguientes:
1. Rechazamos cualquier intento por parte de las autoridades de criminalizar a quienes ejercen el derecho ciudadano a la manifestación, establecida en el artículo 68 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
2. Nos preocupa que en los más recientes procedimientos judiciales contra personas a quienes se les ha detenido en el contexto de protestas o manifestaciones públicas, El Estado ha vuelto a la práctica de la detención preventiva, al “detener para investigar” antes que “investigar para detener”. Acciones que nos retrotraen a etapas que creíamos felizmente superadas con la adopción del Código Orgánico Procesal Penal.
3. Recordamos que con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en 1998, y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a finales de 1999 se derogó el antiguo sistema inquisitivo del Código de Enjuiciamiento Criminal; a la tristemente célebre “detención por averiguaciones” y del auto de detención se pasó al principio de que la persona tiene derecho a ser juzgada en libertad y a que se respete su presunción de inocencia hasta la plena demostración judicial de la culpabilidad, principios recogidos en los artículos 1º y 9º del Código Orgánico Procesal Penal:
4. Denunciamos que a personas que ejercen el derecho a la reunión y a la expresión del pensamiento, garantías reconocidas en la Constitución (artículos 53 y 57) sean sometidos a procesos penales e imputados por delitos de suma gravedad como la rebelión civil, el agavillamiento, la instigación a la guerra a delinquir, y sean sometidas a juicio; parece existir una escalada en la administración de las medidas de coerción personal, si en los años 2004 al 2009 se sometía a proceso penal bajo régimen de presentación ante tribunales, recientemente se ha optado por someter a las personas detenidas a la más grave de las medidas de coerción personal. Además es sumamente preocupante que los jueces de control estén decretando medidas de privación de libertad a ser cumplidas en establecimientos penitenciarios ordinarios como El Rodeo, Yare, La Planta, Tocuyito, etc; en los cuales no existe clasificación entre procesados y sentenciados, ni existen garantías de respeto a la integridad física y a la vida de las personas detenidas. Al escoger como lugares de detención a penales pública y notoriamente inseguros pereciera practicarse un evidente afán por crear precedentes que atemoricen al resto de los ciudadanos.
5. Denunciamos y Repudiamos todo tipo de atentado contra la dignidad de la persona humana, y contra el trabajo honorable de organizaciones que por años han trabajado en la defensa de los derechos humanos. La difamación, el allanamiento, los ataques orales y escritos son acciones que descalifican y denigran la fama y la moral de organizaciones serias y comprometidas. Reconocemos el trabajo de toda la red de DDHH y respaldamos a organizaciones que han sido atacadas como COFAVIC, PROVEA, Observatorio de Prisiones, entre otras.
6. Instamos al Estado venezolano a actuar apegado a los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República. Animamos a los Poderes Públicos a cumplir su misión resguardando el principio fundamental de la Independencia de los poderes públicos
7. Pedimos a todos los venezolanos: primero, denunciar ante las instituciones pertinentes cualquier anomalía surgida, recordando que el camino para fortalecer la democracia es institucional; segundo, trabajar por la paz, la reconciliación, el respeto de la dignidad humana, el entendimiento entre todos, el destierro de la violencia y el odio, y abrir espacios para la convivencia sin distinción ni reservas.
8. Recordamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que la oficina de Justicia y Paz, cumpliendo con su misión humanitaria y de defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su pensamiento político, seguirá apoyando cualquier denuncia de quienes se vean afectados en sus derechos.
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