Pase de factura oficial.
Canallada oficialista.
No queda otra alternativa que enfrentar este Gobierno atropellador mediante la resistencia cívica. La oposición ha tratado por todos los medios de apelar a las instancias institucionales, a la Fiscalía y a la Contraloría, e ingenuamente al Tribunal Supremo, pero todos esos recursos y esas apelaciones les han sido negados. El régimen trata de acorralar a los sectores disidentes para que estos apelen a la violencia, e incluso cada semana inventa un golpe de Estado o un magnicidio para justificar la represión.
Pero la gran mayoría de los venezolanos conscientes no va a caer en esas provocaciones y menos en la vía de la violencia. Luego de las últimas elecciones de noviembre pasado, al Gobierno y a su grupo de militares negociantes en el poder se les achicó su campo de acción.
El Presidente de la República los llamó a cuartel para que, luego de todos los errores que condujeron a la derrota en la capital, se alistaran a su lado para poder vigilarlos mejor. Y, al mismo tiempo que les ofrecía un cargo de ministros para protegerlos de cualquier investigación, los usaba como arietes para seguir avanzando en su guerra contra la libertad de expresión. Es decir, les asignó la tarea de verdugos.
Pero no contento con esto, les impuso tareas rudas para que demostraran que él no era el único personaje despótico en el Gobierno. De allí que haya decidido que sus ministros sean tan parecidos o iguales al Presidente en su papel de mandatario que reprime y coarta la libertad de expresión.
¿Por qué el Presidente ha decidido durante este año ajustarle las cuentas a su propia gente de confianza, a punto de convertirla en sicarios de sus propósitos antidemocráticos? ¿Por qué los desgasta ante la opinión pública y los degenera como protagonistas políticos de su propia revolución? ¿En qué momento desatará la represión pura y abierta contra su propia gente? Esta pregunta constituye el "pegalotodo" que mantiene reunidos entre la fuerza y el miedo a sus seguidores.
El hecho de que hayan optado por acudir a la vieja y desgastada treta de cobrar viejos e inexistentes impuestos y multas a Globovisión (por más de 2 millones de dólares) sólo demuestra la debilidad y fragmentación interna del régimen, y de su incapacidad real y jurídica para elaborar una denuncia convincente ante la opinión pública de que Globovisión había violado la ley.
Incluso, todo hace pensar que el Gobierno alborotó el avispero para ocultar la sentencia siniestra que el Tribunal Supremo de Justicia "emitió en la víspera para ratificar el decomiso de unas microondas de Globovisión que ejecutó Conatel".
Fanny Márquez, funcionaria del Seniat, le "autodeclaró" a VTV que el castigo se deriva de "unos espacios televisivos que los canales donaron durante el paro general que se dio entre finales de 2002 e inicios de 2003. (...) Ellos cedieron sus espacios y transmitieron propaganda de todas las organizaciones políticas de ese momento". Un vulgar pase de factura. ¿Justicia o gangsterismo oficial?
Tomado de Noticiero Digital
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