Así es el socialismo del siglo XXI. Cerca de 12 de empresas relacionadas a la actividad portuaria y aduanera ubicadas en el Puerto de Maracaibo fueron tomadas ayer por el Gobierno nacional, con lo que se suman a la lista de firmas privadas que están en manos del Ejecutivo bajo el concepto de estar dentro de los bienes que son estratégicos para la nación, seleccionados a dedo por el Presidente de la República y que mediante declaración de utilidad pública pasan a ser patrimonio de interés social. El destino de los trabajadores y derecho de propiedad privada de los dueños de las compañías: Servicios Portuarios, Agencias Generales Covenca, Almacenadora Alpaca, Iscar Ground Services, Taurel & Cía y Algevensa, entre otras, quedaron en suspenso luego de que la Guardia Nacional dio un madrugonazo instalándose en las oficinas administrativas e impidiendo la salida de cualquier tipo de activo.
La intervención casi inmediata resultó luego de que el ministro Diosdado Cabello, de Obras Públicas y Vivienda, informara un día antes que en la Gaceta Oficial 39.197 se publicó que del proceso de reversión de puertos y aeropuertos, que inició en marzo con la expropiación de todos las instalaciones de transporte marítimo y aéreo según la reforma de la ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Poder Público, ley de Aeronáutica Civil y ley General de Puertos, a partir del 10 de junio el Gobierno pasa a controlar la gestión, administración, aprovechamiento y operatividad de los bienes que conforman la infraestructura portuaria de los núcleos básicos de los puertos identificados, con lo que se extiende a los inmuebles constituidos en edificios, almacenes, depósitos, silos, patios y las extensiones de tierras sobre las cuales se encuentran edificadas dichas obras.
Desde la madrugada a ningún bien se le autorizó la salida del puerto, situación que se repitió en otros puertos del país. Y es que la decisión gubernamental tocó a El Guamache, Maracaibo, Nueva Esparta, Carabobo y La Guaira, y lo que "sean objeto de revisión al Poder Público Nacional".
Control militar
Fuentes de La Verdad, presentes en la expropiación simultánea, revelaron que a un propietario se le ordenó entregar las llaves para realizar el inventario de equipos, mientras que el personal debió integrarse a la gestión de chequeo de movimientos administrativos según las directrices de los funcionarios. Se conoció que las autoridades portuarias, que ya cumplen tres meses al frente de las instalaciones, se reunieron con algunos empresarios. Entre los detalles de las conversaciones se citó que ahora las almacenadoras pasarán a formar parte de los bienes de la Empresa Bolivariana de Puertos, creada por el Ejecutivo en la gaceta 38.146 de 25 de marzo, que estará adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.
Néstor Borjas, presidente de Fedecámara Zulia, explicó que la acción es otra de las "violaciones" que hace el Gobierno contra la Constitución al ejecutar medidas sin atender los derechos de los afectados y faltando al pago justo de bienes objeto de expropiación, según las disposiciones que establecen las leyes nacionales. Recordó que la declaración de utilidad pública requiere un proceso en el que los afectados deberán tener una compensación justa, condición que estaría desconociéndose.
El proceso de toma de empresas privadas y la recentralización que mantiene la actual gestión gubernamental fueron denunciadas ante la Organización Internacional del Trabajo. Borjas aseguró que el 3 de junio una representación venezolana mostró las condiciones en las que se encuentran los sectores productivos del país y la "vulneración" de los derechos constitucionales. En la reunión anual celebrada en Ginebra, los voceros de las federaciones entregaron las pruebas de las denuncias de expropiaciones sin pago oportuno y la desnaturalización de la propiedad privada. Adelantó que para la próxima semana darán un balance de las compañías afectadas en Zulia; no quiso precisar datos mientras "no se corrobore" qué pasó con las almacenadoras del Puerto de Maracaibo.
Desde Carabobo, Antonio Landaeta, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, conversó con este rotativo. Informó que cerca de 20 almacenadoras, entre 35 y 40 operadores portuarios, más de 200 agentes aduaneros y casi 30 empresas navieras y representantes están en zozobra "porque no se sabe qué va a pasar". Comentó que existe un silencio que deja con incertidumbre el destino de la actividad en el primer puerto del país, el cual procesa 70 por ciento del movimiento portuario.
"No están dejando ningún equipo de descargue y que todas las almacenadoras estaban intervenidas administrativamente", indicó. La desinformación cunde entre los gremios vinculados a Puerto Cabello. Un llamado al Presidente nacional de los terminales marítimos lanzó Landaeta para esclarecer el futuro de las empresas. La petición la hizo tras recordar que la gaceta "es muy ambigua por decir que van a revisar los contratos" y hay tomas y restricciones de salida de "montacargas de las instalaciones". Al gremio le "preocupa el patrimonio" y en "qué condiciones van a quedar los trabajadores". Recordó que luego de la recentralización de los puertos mantenían los trabajos normales, por lo que las inversiones criollas e internacionales se desarrollaban sin contratiempos.
Seguirán chillando
El Presidente aseguró que la oligarquía tendría que chillar más duro porque las acciones para radicalizare en socialismo estaban en puerta. Una de las políticas que han intensificado desde febrero es la reforma de las leyes para abrirse campo en las expropiaciones.
Las medidas iniciaron en 2009 con la toma de la planta de arroz de Cargill, a la que se sumó la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), puertos y aeropuertos, contratistas petroleras, Banco de Venezuela y empresas del sector aluminio.
En la toma del Puerto de Maracaibo militarizaron la zona el 18 de marzo; una semana después decretaron la reforma.
Tomado del Diario La Verdad
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