lunes, 24 de agosto de 2009

Consejo Nacional de Laicos de Venezuela: Comunicado


POR UNA EDUCACIÓN LIBRE Y DE CALIDAD PARA TODOS LOS VENEZOLANOS

El Consejo Nacional de Laicos, al igual que toda la sociedad venezolana, anhelaba una reforma de la Ley de Educación que consolidara los logros históricos alcanzados, profundizara la adhesión a los valores humanistas que están en la base de la tradición educativa nacional e inspiran nuestra Constitución, y pudiera abrir a todos los venezolanos a los cambios culturales, científicos y tecnológicos que permiten una adecuada inserción en el mundo contemporáneo y venidero, de modo que nuestros hijos recibieran una educación en libertad, integral, de calidad, como merecen en cuanto personas y ciudadanos.

Lamentablemente, la LOE recién aprobada no cumple en absoluto con estos objetivos que, en cierta medida, estaban plasmados en el proyecto aprobado, con amplio consenso social en primera discusión en 2001, y que ahora ha sido ignorado.

En efecto, aun cuando la Constitución exige que el proceso legislativo realice consultas “a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada” (Art.211 CRBV), el apresurado trámite parlamentario se ha realizado, precisamente, cuando el sector más directamente interesado en el tema y el foro natural de las consultas, las comunidades educativas, se encuentran en receso por vacaciones. Este dato, desgraciadamente, no puede aislarse de otros, que muestran una postura que antepone el Estado a la Sociedad, identifica el interés y las atribuciones del Estado con la opinión de quienes lo dirigen en un momento dado, y menosprecia, relega y hasta sustituye a los ciudadanos y sus familias a quienes el Estado debe servir.

Rechazamos, por ello, el modo ilegítimo e ilegal como se nos ha impuesto esta ley: con apresuramiento, escasez de reflexión, desprecio de los válidos aportes del anterior proyecto, sin reparar en los enormes daños que puede acarrear a la sociedad venezolana.

La educación es un proceso integral de personalización, diálogo interpersonal y acción socio-cultural. Es decir, la verdadera educación « se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades, de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades participará cuando llegue a ser adulto » (CDSI, 242). La educación es un derecho humano y, por lo tanto, es deber del Estado promoverla y garantizarla, en unión y a favor de personas, familias y comunidades (no sustituyéndolas).

Reiteramos igualmente la importancia de la enseñanza religiosa en las escuelas, ignorada en esta Ley. “La enseñanza de la religión es muy beneficiosa para la población, pues fortalece la práctica de una conducta moral fraterna y solidaria. Recordemos la enseñanza del Libertador: La moral sin la Religión carece de su fundamento”. Una educación integral, que responda a todas las exigencias del ser humano, no puede excluir el aspecto trascendente y religioso de las personas” (Comunicado del Arzobispado de Caracas, 11 de agosto 2009).

Aun cuando la Constitución afirma que es fin esencial del Estado venezolano “la defensa y el desarrollo de la persona y la defensa de su dignidad” (Art.3 CRBV), la LOE aprobada tiene una clara orientación colectivista que disuelve a la persona en una entidad social a la cual la subordina, en vez de servirle como ámbito para su realización.

Además, aunque Venezuela se define constitucionalmente como una sociedad democrática, esta Ley cultiva un estatismo antidemocrático. Y aún más, confunde la ideología de los gobernantes con los valores sociales; expropia a la sociedad su derecho y deber de educar, lesiona la calidad de la escuela pública, debilita la educación privada y atenta especialmente contra la educación popular de calidad, al haberse eliminado el artículo del proyecto aprobado en primera discusión, que explícitamente permitía convenios de financiamiento. Ella atenta igualmente, limitándola, contra la autonomía universitaria, y es profundamente reaccionaria en materia de la dignificación de la profesión docente, al tiempo que desconoce el derecho que tienen las familias a que sus hijos reciban, como bien público, la educación religiosa de la creencia que profesen, en el ambiente de libertad y tolerancia que siempre ha distinguido a nuestra patria, y acorde con la laicidad del Estado.

Por todo ello, rechazamos esta ley, que no promueve integralmente a la persona en su dignidad y libertad, que no se adapta a la realidad plural del mundo de hoy, que irrespeta nuestra Constitución, y que no responde a la Educación que Venezuela necesita.

En consecuencia, hacemos un llamado a toda la sociedad venezolana para:

Difundir la Ley usando todos los medios a nuestro alcance; organizar actividades de estudio y reflexión para conocer su espíritu, fines y efectos; convocar Asambleas y poner en marcha recursos legales pertinentes, atentos a que las próximas reglamentaciones pendientes no acentúen los defectos de la Ley, apuntando así, a mediano plazo, a la derogación de la misma.

Renovemos cada día nuestra esperanza y nuestra fe en el triunfo del Bien. Resuene en nosotros la voz de Juan Pablo II: No tengan miedo. No podemos ceder en la lucha por la defensa de la dignidad de cada venezolano y de los valores de la democracia, ni dejar de soñar con una Venezuela libre y fraterna.

Caracas, 19 de agosto de 2009