Gaceta Oficial 39454 ¿de verdad contra la especulación?

¿Para qué lo voy a negar? La resolución de la Gaceta Oficial nº 39.454 en el fondo me gusta. La prohibición de venta ambulante de productos de la cesta básica es un golpe al atraco a mano armada de los buhoneros que, apostando a la imposibilidad de la cadena de distribución alimentaria para surtir a la población, cobran lo que les da la gana por el azúcar, la leche, el arroz, el aceite o cualquier otro producto de los que tanto escasean hoy en día.

La pregunta que hay que hacerse es, si las cadenas distribuidoras de alimentos, privadas como La Polar, o públicas como Mercal y Pdval no tienen en sus almacenes los productos de la cesta básica, ¿cómo es posible que un goajiro levante un tarantín apoyado, literalmente, sobre cajas de aceite o pacas de harina Pan? Aquí juega mucho el afán de lucro por parte de los dueños de abastos, supermercados y “mercalitos” que, acaparando los productos aumentan artificialmente la necesidad que ya existe y luego bajo cuerda venden a los buhoneros (o los contratan) para vender en la calle, con excesivo sobreprecio.

Es lógico pensar que estos comerciantes inescrupulosos tienen galpones paralelos donde esconder los alimentos, lejos de las revisiones que periódicamente realiza la Guardia Nacional a los locales comerciales, y que de allí salgan a manos de la economía informal (por eufemismo).

En la última escasez de azúcar, cuyo precio está fijado en 3,50 el kilo los buhoneros la vendían a 15 y 18. El arroz, de 3,60 se conseguía a 8 y 10; el aceite de maíz de 6 y pico lo tenían a 18 y 20 el litro. “Si lo quieres te lo llevas, si no te gusta no te lo lleves” era la respuesta de los Bill Gates endógenos que por cierto, actúan a plena luz del día, ocupando aceras y plazas públicas, sin cubrirse los rostros, y con pleno conocimiento de los organismos policiales que, escasas veces (por no decir “ninguna”) actúan para defender al pueblo ante semejante coacción alimentaria. Algunos buhoneros, mas recelosos ante una posible requisa (que nunca llega, pero “por las dudas”), no tenían la mercancía a la vista, sino que te remitían a una casa de familia para que retiraras los productos.

El decreto no proscribe totalmente la venta. Si quieren vender productos de la cesta básica lo pueden hacer, eso sí, respetando las condiciones de higiene y salubridad y COMERCIALIZANDO LOS PRODUCTOS A LOS PRECIOS FIJADOS DE VENTA AL PÚBLICO, lo que seguramente le quitará el atractivo y el incentivo que encontraba la economía informal. El decreto no contempla algo fundamental, la NECESIDAD de que los buhoneros muestren las facturas de compra para demostrar la procedencia legal de la mercancía.

Es probable que la medida, sin proponérselo, tienda a crear un mercado negro de alimentos (como ya ocurre con los DVD de juegos de vídeo), esta vez no a plena luz pública sino en la oscuridad de los callejones. Recuerdo que hace como 40 años a alguien del gobierno se le ocurrió prohibir la importación de cigarrillos y licores; por el sector de Las Veritas en Maracaibo muchas casas de familia se convirtieron en distribuidores ilegales de whiskey y de cartones de Winston y Camel; la seña (para los cigarrillos) era pedir “un kilo de caraotas”. Si pedías caraotas rojas te daban un cartón de Winston, si caraotas negras te daban un cartón de Camel. ¿A eso llegaremos con la comida? (los signos de interrogación son un eufemismo también)

Sin embargo, siempre hay un “pero” en todo lo aparentemente bueno que hace el gobierno, el artículo 5 de la mencionada resolución establece que

“los bienes señalados en el artículo 1 de la presente resolución podrán ser vendidos o intercambiados en los mercados a cielo abierto, que estén debidamente organizados por las entidades territoriales, consejos comunales, órganos o entes del Estado”

osea que, primero garantizan la legalidad de las jornadas de Mercal y Pdval, y segundo que para vender tendrán que pasar por el filtro de la filiación partidista del PSUV, “o te inscribes en el partido o no vendes” me parece oírles vociferar ya a los consejos comunales y a los órganos y entes del Estado, celosos guardianes de la revolución endógena del siglo XXI.




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