Basta preguntarse, para ver por donde vienen los tiros, si con la nueva ley de desarme bolivariana entregarán sus arsenales los grupos como La Piedrita, los Tupamaros o Alexis Vive, o tendrán los miembros del Ejército que intervenir y requisar esas armas por la fuerza. Hasta ahora la FAN se ha hecho de la vista gorda frente a estas organizaciones parapoliciales que operan en ciertas zonas de Caracas, cuando su deber como militares es desarmar a esos grupos civiles.
También habría que interrogarse sobre la actuación de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación que se mueven armadas hasta los dientes en las zonas fronterizas de Táchira y parte de Apure y el trato con guantes de seda que le dan ciertos oficiales de la FAN destacados en la región. Porque una cosa es combatir a estos grupos irregulares y otra muy distinta es contrariar los deseos de su máximo comandante.
El Presidente se cansa de hablar sobre una revolución socialista, humanista y pacífica, pero de inmediato contradice sus declaraciones diciendo que la revolución tiene que defenderse y que dispone de su propio armamento para hacerlo. Entonces es válido interrogarse sobre qué armas de fuego o de guerra dispone la revolución para ello: ¿Serán las de la Fuerza Armada? ¿Las de los colectivos armados? ¿O las de miles de delincuentes que las usan contra el pueblo todos los días? Se sabe de fuente cierta sobre la distribución de armas a grupos irregulares bajo la "Misión Moto y Pistola". También es público y notorio el afán del Gobierno de entrenar y poner a disposición de ciudadanos comunes, a través de las milicias, armas de guerra como los AK-103 rusos, el fusil oficial de asalto de las FAN, para el combate asimétrico.
El punto central es que las armas de fuego constituyen un factor, si no el más importante, que facilita la violencia interpersonal y que son causa de 20.000 homicidios al año. El hecho de que el Gobierno no tenga la menor idea de la cantidad de armamento legal e ilegal circula por el país, ejemplariza la ineptitud de los entes de control del Estado en la materia.
Entre 8, 10 o 15 millones de armas cortas son las cifras que se manejan desde la sociedad civil, y tres cuartos de ellas o más no tienen ningún soporte legal. Se conoce que la transferencia de éstas a la sociedad se realiza desde el Estado, que adquiere 80% de todo el armamento que entra al país.
No cabe duda de que la situación de violencia en que vivimos reclama leyes especiales y de emergencia para poner freno a esa vorágine que fusila día a día a los venezolanos. Una ley de desarme cumpliría con esa función si en realidad existiese la voluntad política para ello. La legislación que piensa sancionar la Asamblea Nacional menciona una política de desarme, pero no establece cómo realizarla ni tampoco plazos para ella, lo cual deja en manos de Miraflores lo esencial del asunto. Qué desgracia.
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1 comentario:
La violencia callejera está destruyendo a Venezuela. El régimen perdió el control del pais. Se hace necesaria una urgente rectificación del rumbo para que Venezuela sea la Patria Grande de todos
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